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Morena consuma la polémica eliminación de 109 fideicomisos en una bronca sesión parlamentaria

A trompicones, pero finalmente Morena ha logrado sacar adelante una de las medidas más polémicas de la austeridad impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Pese a tratarse de una exigencia del propio presidente y pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso, el partido en el poder ha tenido que arremangarse para conseguir la aprobación del decreto que elimina 109 fideicomisos públicos. Una medida que, desde que fue planteada en abril, ha encontrado un fuerte rechazo tanto entre los partidos de la oposición como entre los sectores científico, cultural, académico y deportivo, beneficiarios de esta vía de financiación segada definitivamente este martes en el pleno del Congreso.

La extinción de los fideicomisos, que contienen unos 68.000 millones de pesos (más de 3.000 millones de dólares), ha abierto grietas incluso en el seno de Morena y sus aliados parlamentarios. Tras la aprobación del dictamen en la comisión de Presupuestos, el jueves pasado no fue posible el refrendo en el pleno. La ausencia del Partido del Trabajo, aliado de Morena, durante la sesión impidió que se alcanzara el quórum necesario. La pelea por el quórum se repitió este martes en la segunda tentativa parlamentaria. En un ambiente bronco, la presidenta de la Cámara, la priista Dulce María Sauri, se vio obligada a repetir el recuento de diputados presentes en el hemiciclo, tras otro primer intento fallido.

Desde la bancada morenista, se instó incluso a descontar de sueldo a los diputados que, pese a estar presentas, se negaban a votar el decreto, acusando de “chicaneros” a los parlamentarios que estaban usando esta argucia para sabotear la votación. “No vamos a votar por un despojo a los científicos, periodistas o víctimas”, defendió uno de los diputados de Movimiento Ciudadano, refiriéndose concretamente a uno de los fondos que canalizaba financiación para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados. Horas antes de la votación, un grupo compuesto por científicos, víctimas y actores se apersonó en el Congreso para intentar frenar la aprobación de la norma.

Finalmente, el decreto, que modifica 14 leyes y abroga una, salió adelante con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones. Morena, Partido Verde y Encuentro Social respaldaron la medida. Aunque no en bloque. La diputada Lorena Villavicencio fue una de las morenistas rebeldes. “El dinero de los fideicomisos», defendió en declaraciones a la prensa, «no solo proviene del erario, de modo que al cancelarlos, el Gobierno mexicano clausura una fuente adicional de financiamiento para cumplir con sus cometidos”.

El decreto ha contado además con 398 reservas, donde los diputados de oposición y aliados de Morena como el PT han subrayado una y otra vez que “cada fideicomiso es diferente”. La mayor crítica a la eliminación de estos instrumentos de financiación para los organismos públicos de larga tradición en México es la imposición de cortar de raíz con todos ellos, acusados de ser una fuente de opacidad y corrupción, sin tener en consideración las diferentes especificidades y necesidades que cubren cada uno de ellos.

“Es cierto que en algunos casos, son instrumentos que han permitido arbitrariedad en el manejo de los fondos, a través de, por ejemplo, el secreto fiduciario. Pero esto no sucede en todos los casos y en vez de cortar con bisturí se ha cortado con machete”, apunta Leonardo Núñez, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción. El sector científico denuncia sobre todo la poca eficiencia de una medida que arrasará con uno de los sectores de mayor valor añadido del país a cambio de recaudar una cantidad muy baja de dinero en términos relativos. Según sus cálculos, de la bolsa de dinero que contienen los fideicomisos, tan solo el 2,8% corresponde a ciencia y tecnología. Apenas 2.000 millones de pesos de un total de 78.000. Siguiendo con sus cálculos, tres fideicomisos acumulan el 96% de los fondos. Son el Fondo de Desastres Naturales, el Fideicomiso relacionando con la Ley Aduanera y otro para promover la industria energética.

En un intento de aplacar el vendaval de críticas, tanto López Obrador como el resto de cuadros del Gobierno llevan tiempo insistiendo en que gran parte de los fondos seguirá fluyendo directamente por diversas secretarías y organismos, tras dedicar otra parte de recursos al sistema de salud, maltrecho por los golpes de la pandemia. No está claro, sin embargo, cuál será el nuevo diseño institucional al respecto. De momento, los 68.000 millones pasarán a las arcas de la Secretaría de Hacienda, que ya está planificando los Presupuestos Generales de 2021. El secretario del ramo, Arturo Herrera, salió el miércoles al paso para asegurar que la financiación se llevará a cabo por vía directa a los beneficiados, como ya sucede, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Investigadores.