Para desahogar el procedimiento establecido en el Artículo 47 BIS de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizaron una reunión virtual con el titular de la CEDH y el Director de Asuntos Internos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo.

El diputado Eduardo Urbina Lucero, presidente de la comisión, dio la bienvenida al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Gabriel González Avilés, y al funcionario municipal, Osvaldo Pacheco Camacho, para que este expusiera en primer término por qué no se acató la recomendación que le hizo el órgano garante con base a una queja que tres ciudadanos interpusieron en 2018 en contra de cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

El legislador argumentó que el desahogo de este procedimiento se fundamenta en la disposición que establece que el Congreso del Estado citará a comparecer a cualquier funcionario de la administración pública estatal o municipal para que informe las razones de su actuación, en este caso particular, como lo establece la fracción III del numeral que a la letra dice:

Cuando la sanción aplicada a la autoridad o funcionario público señalado como responsable a la violación de derechos humanos resulte, a juicio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, desproporcional al daño causado.

Urbina Lucero informó que el 24 de octubre de 2019 se recibió por parte de la CEDH, una solicitud de comparecencia para el titular de Asuntos Internos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Hermosillo, en virtud de no haber cumplido con lo establecido en la recomendación emitida por el órgano autónomo.

En su exposición de motivos y justificación, el funcionario municipal expuso que la sanción que se les aplicó a los elementos policiacos, que consistió en suspensión de diez días sin goce de sueldo, fue porque debía garantizarles un trato justo, con la observancia del debido proceso y la presunción de inocencia, así como el respeto a los derechos humanos que al igual que a
cualquier ciudadano les asisten en todo momento.

“Esta dirección se concreta únicamente a recomendar; no resuelvo, yo recomiendo a través de un procedimiento, en este caso al Comisario General de Seguridad Pública, para que él a su vez lo haga ante la Comisión de Honor y Justicia, y ellos resuelvan”, afirmó.

Su recomendación al Comisario la hizo en base a evidencia que hace prueba plena sobre hechos que son sancionables en la normatividad que rige el cuerpo de seguridad pública y no sobre otros que pueden resultar lesivos a los elementos policíacos, dijo, sobre todo, que puedan dañar su derecho humano a la libertad y al trabajo por un acto de autoridad.

Pacheco Camacho agregó que la sanción recomendada cumple con la adecuada fundamentación y está basada en un análisis responsable, encuadrado principalmente en la Ley de Seguridad Pública y en todas las actuaciones, tanto de la propia dirección, en el órgano garante y en la representación social.

El Ombudsman sonorense consideró como un caso inédito que, desde el inicio de actividades de la CEDH, el Congreso del Estado nunca había intervenido en cumplimiento de lo que dispone la Ley 123, lo que sienta un precedente que debe quedar tanto en el Poder Legislativo como en la comisión.

“He de decir que el procedimiento de queja, una vez que se emite una recomendación, se otorga a una autoridad responsable para que acepte o no la recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en este caso, la Presidenta Municipal, dentro del término que le fue concedido, aceptó en todos y cada uno de sus términos la recomendación que fue emitida por este organismo autónomo, por lo que quiero precisar de inicio esa circunstancia”, aseveró.

No se cuestiona si la comisión actuó bien o resolvió mal, pues se trata de un asunto visto y que fue aceptado plenamente por la Alcaldesa, de manera que la posición de la CEDH ante la sanción de diez días de suspensión que se les aplicó a los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, como parte de la recomendación 29/2018, resulta desproporcional a los daños causados por los quejosos, indicó González Avilés.

Propone reconsiderar sanción
Sostuvo que en la queja presentada por los tres
ciudadanos se probó la violación de sus derechos humanos, se acreditó el abuso de autoridad y la detención arbitraria de la que fueron víctimas por parte de los cuatro elementos policíacos, quienes de manera ilegal retuvieron a los quejosos y obligaron a uno de estos, del sexo femenino, a realizar un retiro de 3 mil pesos en un cajero automático, los cuales les entregó junto con 300 pesos que traía en su bolso, para que los dejaran libres, además de que esta persona aseguró que uno de los elementos la acosó sexualmente.

“Considero que en el caso expuesto, la sanción administrativa que se ha recomendado imponer a los policías que violaron los derechos de los quejosos, no es proporcional ni resarce los daños que les fueron causados. Para el supuesto de que la Comisión de Honor y Justicia aún no hubiese aceptado la precitada recomendación de aplicarles a los agentes policiacos la suspensión de diez días de labores sin goce de sueldo, se solicita se retire la misma y se haga una nueva ponderación de la conducta de los policías”, externó el Ombudsman.

Recomendó una sanción administrativa proporcional a los daños causados y a los derechos humanos violados, una sanción ejemplar, y en caso de que la Comisión de Honor ya hubiere aplicado la sanción propuesta por Asuntos Internos u otra distinta, solicitó que la autoridad responsable haga llegar a la CEDH la evidencia correspondiente.

El diputado Eduardo Urbina Lucero destacó que se trata de un acto inédito en el que se solicita la presencia del Congreso del Estado, pero desafortunadamente no pueden intervenir más allá.

El simple hecho de no haber cumplido con el protocolo emite desconfianza hacia los policías, agregó, lo cual implicaría una sanción mayor porque sí hay una víctima de parte de la autoridad y debía nombrársele como tal en las resoluciones.

“El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha manifestado prácticamente que no acepta las observaciones o el planteamiento que hace el Director de Asuntos Internos, entonces el procedimiento ya estará en la resolución que haga el presidente, informando obviamente por escrito, digamos iniciar el procedimiento para esto sea vuelto a revisar por parte del Ayuntamiento de Hermosillo”, puntualizó.